Carta al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
Jorge Abelardo Ramos
Buenos Aires, 24 de Febrero de 1984.
Señor Presidente
del Consejo Supremo
de las Fuerzas Armadas
A título de historiador y de presidente de un partido político argentino reconocido por la Justicia Federal, me dirijo a usted, y por su intermedio a los restantes miembros de ese Consejo Supremo para expresarles mi opinión sobre algunos de los procesos que dicho Tribunal tiene a su consideración.
Bajo la malvada presión de la prensa internacional y de ciertos medios de comunicación locales, la opinión pública corre el peligro de confundir el significado de los procesos en trámite. Esa inquietud motiva la presente. Han sido detenidos por este Tribunal los tres Comandantes que decidieron la reconquista de las Islas Malvinas.
Si esas detenciones obedecieran a la iniciación de la guerra contra la usurpadora Inglaterra, se trataría en el orden histórico político de un grave error. Reconquistar, después de una humillante espera de 150 años, un pedazo del suelo nacional sólo puede ser considerado un crimen en Inglaterra, pero no en la Argentina.
Otra cosa diferente es, como es natural, el análisis y juzgamiento de los posibles errores tácticos, en materia de coordinación acertada de las fuerzas, y temas profesionales conexos, propios de todo conflicto militar.
Sería imperdonable olvidar, como lo hace parte de la opinión pública bajo la innoble presión de algunos medios de comunicación, que, al margen del carácter político del gobierno en cuestión que resolvió la operación del 2 de abril, esa decisión reinstaló a la Argentina en la interrumpida tradición de las guerras de la independencia, nacidas junto con las milicias criollas en 1806.
Pero si, en cambio, el actual procesamiento de los comandantes del 2 de abril obedeciera a su condición de integrantes del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, parecería lógico que correspondería detener asimismo a los otros comandantes de 1976 y años siguientes, como así también a los ministros, embajadores, y funcionarios gubernamentales que en alto número proporcionaron la mayoría de los partidos políticos, incluso el que actualmente está en el poder, para sostener el mencionado “Proceso”.
Debe pues quedar perfectamente establecido para el presente y para la historia que en el proceso padecido por el país hubo una corresponsabilidad civil y militar en el funcionamiento de la dictadura cuya única beneficiada fue la oligarquía del puerto de Buenos Aires asociada al extranjero.
Para terminar, si la guerra de Malvinas es un motivo de orgullo nacional, el proceso cívico militar que la precedió merece repudio general. Si hay que hacer justicia, hay que hacerla integralmente. Esto es más urgente que nunca. Y esta presentación de un compatriota nace de mi alarma al ver reinar la alegría en Londres y la desmalvinización en la Argentina.
Saludo al señor presidente muy atentamente.
